1969, Era un año especial para la humanidad, ya que varios eventos de gran trascendencia darían
La errónea llamada Guerra del fútbol, como popularmente se le conoce, explica su nombre debido a que después de un partido de las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol de 1970 (Mexico), entre las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador, se iniciaran ataques violentos, quedando por sentado que dicho partido fue la chispa para que el conflicto armado tuviera su inicio; sin embargo, en realidad este conflicto adquirió su nombre gracias al reportero polaco Ryszard Kapuściński, quien tituló así un reportaje sobre dicho conflicto armado y un libro que reúne despachos de guerras.
Acepta Kapuściński que “era una buena forma de llamar la atención del público. Yo di este título para llamar la atención sobre la palabra fútbol, porque, para mí, no es sólo un juego... tiene otros sentidos y connotaciones de patriotismo y nacionalismo”, dijo el periodista al periódico digital salvadoreño “El Faro”. Opinión que no comparte Pipo Rodríguez, autor del histórico gol que permitió que El Salvad
Para adentrarse al desarrollo de este conflicto armado, es necesario estudiar dos antecedentes principales que dieron lugar a los hechos acontecidos; en primer lugar, las tensiones encontradas entre ambos países se fueron intensificando ya que tanto El Salvador como Honduras, poseían problemas internos, es decir, desde mucho antes de la década de 1960, El Salvador, el país más pequeño del istmo, contaba con una gran densidad demográfica (3 millones 300 mil habitantes en ese tiempo), enfrentaba el histórico problema de la tierra y la industria no podía absorber la población desempleada. Honduras por su parte –con 112 mil 88 kilómetros cuadrados y apenas 2 millones de habitantes para ese entonces– se antojaba como un paraíso laboral, por lo cual miles de salvadoreños cruzaron la frontera
Sin embargo, a pesar de que en 1961 se había creador el Instituto Nacional Agrario en Honduras, y que al año siguiente se promulgó la Ley de Reforma Agraria, este proceso no empezó a funcionar hasta 1969, cuando el Gobierno hondureño, sometido a una fuerte presión popular, se preocupó de que se cumpliera. La recuperación de tierras se refería tanto a nacionales como a extranjeras, pero dado que la reforma agraria resultaba políticamente más viable si no se afectaban los intereses de los terratenientes nacionales, los comienzos de ejecución de la reforma se inicio por las tierras en posesión de los salvadoreños.
El gran problema surgió cuando el gobierno hondureño se dio cuenta que el número de salvadoreños que habitaban en Honduras sobrepasaba los 250.000, de entre los cuales una ínfima parte poseía una situación de residencia legalizada ante las autoridades hondureñas; es por esta razón que en junio de 1962 se firmó una Convención entre los dos países a fin de legalizar el estatuto de los salvadoreños. Esta decisión, junto con las reuniones que celebraron los presidentes de ambos Estados, concluyeron con la firma del Tratado sobre Migraciones en diciembre de 1965, el cual se constituyó como un intento de solución del problema. Sin embargo el Tratado tuvo una escasa ejecución por lo tanto no se obtuvo la solución del problema
En segundo lugar, se encuentra lo relativo la delimitación la frontera común. Si bien ya en 1895 y en 1918 se habían realizado unos convenios para fijar los límites, aquellos se habían hecho de forma vaga e imprecisa. Esta imprecisión, junto con el desinterés existente de la parte salvadoreña por zanjar la situación, inquietaba a las autoridades hondureñas, quienes consideraban que el poco interés salvadoreño ocultaba una voluntad de expansión subrepticia. Por otra parte, constituía un factor de indudable inestabilidad, como lo prueba el hecho de haberse dado doce incidentes fronterizos entre mayo de 1967 y junio de 1969
Uno de estos incidentes tuvo especial significación al ser interceptados varios camiones del ejército salvadoreño en territorio de Honduras en mayo de 1967. Al parecer, trataban de apoyar un posible complot del partido liberal destinado a derrocar al presidente hondureño López Arellano, del partido nacional. Dicho apoyo armado al partido de la oposición del presidente hondureño, provocó un deterioro aún mayor de las relaciones entre ambos Estados.
En complemento a los anteriores antecedentes, se suman las siguientes causas provocativas durante el transcurso de 1969; en Enero, Honduras se opuso a la renovación del Tratado de Migración con El Salvador, intentando con ello presionar hasta que no se dieran las seguridades necesarias para que se definiese la frontera entre ambos Estados teniendo en cuenta que habían regresado unos 18.000 salvadoreños a su país natal.
Luego, se encuentran los encuentros deportivos clasificatorios para la Copa Mundial MEXICO/70 entre los equipos nacionales de ambos países, que despertaron en extremo grado el nacionalismo de ambas comunidades. Luego de un tortuoso empate, el 27 de Junio se jugó el partido de desempate en México, venciendo el equipo de El Salvador. Este triunfo fue aprovechado por el Gobierno salvadoreño encabezado por el general Fidel Sánchez Hernández, de forma psicológica para romper horas después sus relaciones diplomáticas con Honduras y para preparar un recibimiento heroico a los futbolistas vencedores.
Por su parte, Honduras también inició, a través de los medios de comunicación, una acción provocativa, teniendo como inmediata consecuencia el hecho de que los inmigrantes salvadoreños fueron atacados por distintos grupos populares paramilitares, entre los cuales destacaron principalmente el grupo civil «la Mancha Brava» y el Cuerpo Especial de Seguridad (especie de policía rural). Aquellos salvadoreños que después del comienzo de la ola de violencia contra ellos desatada lograron alcanzar su país contaron a su llegada las atrocidades cometidas contra ellos, inflamando más aún el sentimiento antihondureño de sus compatriotas.
Al presenciar dicha situación, la intervención de otros Estados no se hizo esperar, de esta forma los restantes países centroamericanos, propusieron el 7 de julio el envío de observadores militares a la frontera de ambos países para el «mantenimiento efectivo de la paz», y pidieron a los dos Estados evitar toda concentración de tropas a menos de cinco kilómetros de la frontera tradicional común. Aunque Honduras aceptó esta proposición, El Salvador la rechazó, mostrando una postura más dura e inflexible; evidenciando el fracaso de los intentos de mediación
El conflicto inicio, cuando el 14 de julio de 1969 varios batallones salvadoreños invadieron el territorio de Honduras, tomando dos ejes de penetración: el primero, en dirección de la ciudad de Nueva Ocotepeque, que permitiría ganar el valle del Sula, en el Norte, el más rico de Honduras; el segundo, a lo largo de la carretera panamericana, hacia el Sur, en dirección de Nacaome, que facilitaría posteriormente el camino hacia Tegucigalpa.
En los primeros momentos la aviación salvadoreña bombardeó Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Nacaome, Amapala, Choluteca, Juticalpa, Catacamas y la propia Tegucigalpa; asi mismo las tropas salvadoreñas atacaron con fuego de morteros el resguardo de El Poy y dispararon contra la población civil de la zona. Frente a esto el gobierno de Honduras solicitó la reunión in mediata del Consejo de la OEA.
El Consejo decidió convocar el Órgano de Consulta para “una fecha que oportunamente se fijaría”, asumiendo, por su parte, las funciones de aquél con carácter provisional. Pero mientras se discutía este asunto, a las 8:00 pm del día 14, el representante de Honduras anunció las actuaciones de El Salvador, no solo de los ataques sino también de la ocupación de una faja de casi diez Kilómetros de ancho a los largo de la frontera.
Pese al retroceso de las tropas de Honduras en tierra, donde su inferioridad era manifiesta, su aviación pudo imponer un notable temor en la población salvadoreña, bombardeando la base militar del aeropuerto de Ilópango, la refinería de ESSO de Acajutla y la hidroeléctrica del río Lempa, siendo estos últimos los dos principales centros energéticos del país.
El Consejo de la OEA, reunido el 15 de Julio, resolvió demandar el cese de fuego a ambas partes, y el retorno de statu quo ante bellum, es decir, volver al asunto antes del conflicto. El punto número uno de la resolución correspondiente, dice “de conformidad con el Artículo 7 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, instar a los Gobiernos de El Salvador y Honduras a suspender las hostilidades, restablecer las cosas al estado en que se hallaban con anterioridad al conflicto armado y tomar las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad interamericanas y para la solución del conflicto por medios pacíficos”. Honduras aceptó este punto de vista, sin embargo, El Salvador sostuvo que el cese de fuego y el retiro de las tropas a su situación anterior eran dos cosas muy distintas y que, si bien aceptaba lo primero sin condiciones, lo segundo debería quedar sujeto a negociación. El 17 de Julio se precisó la actitud Salvadoreña cuando dicho gobierno expresó lo siguiente “aceptar el cese de fuego, siempre que la Comisión de la OEA pueda establecer los mecanismos que garanticen la seguridad de los salvadoreños que se encuentran en territorio de Honduras”
A los cuatro días de haber iniciado las hostilidades, los ejércitos de ambos Estados se encontraban reducidos militarmente, carecían de reservas y el agotamiento era evidente; Por fin el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunido el 18 de Julio, acordó el cese del fuego a partir de las diez de la noche del mismo día, así como el repliegue inmediato de las tropas.
En las conversaciones entre Honduras y El Salvador, frente a la OEA, se evidenciaron las posiciones enfrentadas: de parte salvadoreña, la garantía de seguridad para sus ciudadanos instalados en Honduras, y de parte hondureña, la retirada de las tropas invasoras; sin embargo La certeza por parte de la OEA del papel de El Salvador como agresor, junto con las amenazas de sanciones económicas de dicha Organización, empujaron a éste a aceptar la retirada de sus tropas hasta la frontera tradicional el 31 de julio
La OEA cerró su actividad el 15 de julio de 1970, estableciendo una zona de seguridad entre ambos países. La zona abarcaba tres kilómetros a cada lado de «una línea tradicional indefinida», no pudiéndose mantener en ella efectivos militares, paramilitares, ni fuerzas de seguridad pública, salvo patrullas de no más de 13 hombres armados ligeramente. Asimismo se establecía una zona de seguridad en el sector aéreo, cubriendo cinco kilómetros del borde de la zona de seguridad antes mencionada, y una zona de seguridad marítima que la constituía el golfo de Fonseca. A pesar de ciertos incidentes fronterizos, los observadores militares de la OEA cumplieron una tarea efectiva en el área.
Las consecuencias de este conflicto es en primer lugar la muerte aproximadamente de 4.000 personas y la destrucción material, aunque no se tiene estadísticas precisas, es común hablar de que el conflicto causo un total de 6000 víctimas entre muertos y heridos; así produjo la destrucción de pueblos enteros a lo largo de la frontera y la ruina de numerosos centros de producción agropecuaria, también provocó la finalización de esfuerzo de integración regional conocido como Mercado Común Centroamericano (MCE), El agravamiento de la situación social en El Salvador, producto de las deportaciones desde Honduras, ya que el gobierno tuvo que facilitar a estas personas la reinserción económica, que no se logró satisfacer adecuadamente. Aumentó la presión social que derivó en la guerra civil que viviría el país centroamericano
Finalmente, el conflicto tuvo consecuencias de carácter político dentro de Honduras, ya que nuevas fuerzas sociales emergieron con mayor protagonismo y los cambios por democratizar el país dos años más tarde se concretaron en el gobierno de unidad nacional. El conflicto finaliza en octubre de 1980, cuando se firma el Tratado de Paz y el diferendo fronterizo por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Holanda, en Septiembre de 1992.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario; es correcto el calificativo de conflicto armado, teniendo en cuenta lo dicho por el TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUAL YUGSLAVIA en 1975, así mismo las personas que intervinieron son calificados como combatientes, ya que pertenecían a las fuerzas armadas nacionales da cada País, y estos se les aplica la protección de los convenios II Y III de Ginebra, ya que están debidamente autorizados para intervenir y participan directamente en las hostilidades; sin embargo, es preciso aclarar en este punto, que algunos civiles adquirieron la categoría de combatientes, teniendo el derecho amparado por el DIH, encontrado en el artículo 4 literal A numeral 6 del Convenio III de Ginebra, el cual menciona que la población civil puede levantarse en armas; distinguirse al llevar armas a la vista, pero siempre deben cumplir las reglas del DIH; de esta forma se configura la figura levé´e en masse, (levantamiento masivo)
Por último, los objetivos atacados por ambos Estados realmente se configuraban en Objetivos militares, ya que tenían una importancia para cada País y su destrucción originaba el debilitamiento del adversario; sin embargo, es de aclarar que no todos los objetivos atacados fueron propiamente militares, ya que El Salvador ataco infraestructura destinada para la agricultura, las cuales no se puede considerar como objetivos militares.
De la misma forma, El salvador, violo los Convenios de Ginebra,
frente a la protección de civiles, ya que al no tener presente el
principio de distinción, ataco a la población, que se encontraba en las
ciudades bombardeadas, sin tener algún tipo de distinción entre
combatientes y no combatientes, ni observar las medidas de precaución a
las que estuvo en posición de aplicar. Dichas acciones no fueron
analizadas al finalizar el conflicto.
En conclusión, en este conflicto armado, se respetaron las normas de los Convenios de Ginebra en su totalidad solo por parte del Estado de Honduras, confirmando la opinión de la OEA, al decir que El Salvador era el atacante y realmente no respeto las normas contenidas en los convenios.
